El contrato de modernización de la red de semáforos en el Gran Santo Domingo, gestionado por Transcore Latam SRL, vio un aumento en su costo de 1,200 millones de pesos a 1,317 millones de pesos. Una auditoría reveló serias irregularidades en el proceso de contratación, incluyendo documentos emitidos sin la aprobación adecuada y modificaciones no autorizadas, generando preocupaciones sobre la transparencia. La auditoría, realizada por la Contraloría General, cubrió el período de febrero de 2023 a junio de 2024 e identificó violaciones procedimentales. Estas incluyeron documentos no aprobados, respuestas incompletas a las inquietudes de los licitadores y cambios en los requisitos técnicos que favorecían a Transcore. A pesar de afirmar un 90% de finalización, solo se había completado el 20% del proyecto, con brechas significativas en la instalación de fibra óptica, la configuración del regulador de semáforos y las conexiones de cámaras.

La Contraloría recomendó terminar el contrato con Transcore para evitar más pérdidas financieras. Se sugirió un nuevo proceso de licitación, alentando la participación de empresas internacionales, y se sugirió que el control sobre la base de datos del sistema de semáforos fuera devuelto a Intrant por motivos de seguridad nacional. Además, se instó a tomar medidas legales contra los responsables de las violaciones.

En medio de las irregularidades del contrato de modernización de la red de semáforos en el Gran Santo Domingo, gestionado por Transcore Latam SRL, se detectaron preocupantes fallos en el proceso de licitación, lo que llevó a la recomendación de la Contraloría General de terminar el contrato con la empresa y realizar un nuevo proceso de licitación. El proyecto presentaba graves deficiencias en su ejecución, con solo un 20% completado a pesar de afirmar un 90%. La recomendación de llevar a cabo acciones legales contra los responsables resalta la seriedad de las irregularidades identificadas y la importancia de garantizar la transparencia y legalidad en los procesos de contratación pública.

La auditoría realizada por la Contraloría General abarcó el período de febrero de 2023 a junio de 2024 y reveló múltiples violaciones procedimentales, como documentos no aprobados, respuestas incompletas a inquietudes de los licitadores y cambios técnicos que favorecían a Transcore. Estas irregularidades generaron dudas sobre la transparencia y la equidad en el proceso de contratación, lo que llevó a la recomendación de finalizar el contrato y buscar la participación de empresas internacionales para garantizar la idoneidad y profesionalismo en la ejecución del proyecto.

El impacto de las irregularidades en el contrato de modernización de la red de semáforos en el Gran Santo Domingo se refleja en la falta de avance significativo en el proyecto, con importantes brechas en la instalación de fibra óptica, la configuración de reguladores de semáforos y las conexiones de cámaras. A pesar de las afirmaciones de un progreso del 90%, solo se había completado el 20% del trabajo, lo que subraya la ineficacia y deficiencias en la gestión del proyecto por parte de Transcore Latam SRL. La necesidad de reintegrar el control sobre la base de datos del sistema de semáforos a Intrant y la recomendación de realizar acciones legales contra los responsables subrayan la gravedad de la situación y la importancia de corregir las irregularidades identificadas para garantizar la eficacia y transparencia en la ejecución de proyectos de infraestructura pública.

En resumen, las irregularidades detectadas en el contrato de modernización de la red de semáforos en el Gran Santo Domingo, administrado por Transcore Latam SRL, han generado preocupaciones sobre la transparencia y la equidad en el proceso de contratación. La recomendación de la Contraloría General de finalizar el contrato, realizar una nueva licitación con participación internacional y emprender acciones legales contra los responsables destaca la gravedad de las violaciones identificadas y la necesidad de garantizar la integridad y eficiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura pública. La falta de avance significativo en el proyecto, a pesar de afirmar un alto porcentaje de finalización, subraya la ineficacia en la gestión del contrato y la importancia de corregir las deficiencias para asegurar un desarrollo exitoso y transparente en el futuro.

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