Rufino Soto Román, un colombiano de 49 años residente en Puerto Rico, fue arrestado por dirigir una organización que practicaba ilegalmente la medicina dental en el oeste de la isla. Enfrentaba una orden de arresto por violaciones al Artículo 13A de la Ley 75 de la Junta Dental Examinadora de Puerto Rico y fue llevado ante la juez María Del Pilar Vázquez, quien ordenó su ingreso en la cárcel de Ponce al no prestar una fianza de un millón de dólares. El arresto de Soto Román se dio después de la detención de Johan Eduardo Posse Torres y Santiago Andrés García Briñas, también colombianos, por estar vinculados con la organización. En el momento del arresto de Posse Torres y García Briñas, se decomisaron medicamentos y equipos de empleados que no estaban autorizados legalmente para ejercer la práctica de la medicina dental en Puerto Rico.
La investigación policial reveló que los sospechosos coordinaban citas a través de plataformas digitales para operar ilegalmente y ofrecer servicios dentales, como el rediseño de sonrisa, en un local comercial en Mayagüez. Las fiscales Jahnny Rodríguez Malavé y Rosa Molina Pérez les formularon cinco cargos a cada imputado por fraude, practicar cirugía dental sin licencia y dispensar medicamentos sin ser farmacéutico y sin contar con la autorización correspondiente. Estos delitos están tipificados en el Código Penal de Puerto Rico, la Ley 247-2004 y la Ley 75-1925. El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, enfatizó que aquellos que pongan en riesgo la salud de los ciudadanos mediante el ejercicio ilegal de la medicina en Puerto Rico enfrentarán las consecuencias de acuerdo con las leyes.
En el caso de Soto Román, se le acusa de liderar un grupo de individuos que actuaban en concierto y común acuerdo para practicar ilegalmente la medicina dental. A pesar de no prestar una fianza de un millón de dólares, fue ingresado en la cárcel de Ponce. La policía incautó medicamentos y equipos durante el arresto de otros miembros de la organización, que operaban ilegalmente en un local comercial en Mayagüez. Este tipo de prácticas ilegales pone en riesgo la salud de los ciudadanos y es castigado por la ley en Puerto Rico.
La coordinación de citas a través de plataformas digitales permitía a los sospechosos operar ilegalmente y ofrecer servicios dentales sin permiso ni protocolos de salubridad en Mayagüez. Las fiscales les formularon cinco cargos por fraude, práctica de cirugía sin licencia y dispensación de medicamentos sin autorización. Estos delitos están contemplados en las leyes correspondientes y el secretario de Justicia advirtió que aquellos que ejerzan ilegalmente la medicina en Puerto Rico enfrentarán las consecuencias legales. La detención de Soto Román y los otros individuos involucrados en esta práctica ilegal demuestra la determinación de las autoridades para combatir este tipo de delitos que ponen en peligro la salud de la población.
