La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (ASOCIVU) ha presentado dos acciones legales contra el Decreto número 420-23 que establece el Reglamento para el Registro Nacional de Vehículos de Motor y las licencias para los dealers y concesionarios. ASOCIVU busca la suspensión provisional y la nulidad total del decreto a través de una Solicitud de Adopción de Medida Cautelar y un Recurso Contencioso Administrativo dirigidos contra la Administración Pública y la Dirección General de Impuestos Internos.
Según ASOCIVU, el conflicto se originó debido a que la DGII y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo recibieron una matriz con observaciones técnicas y jurídicas en contra del borrador del reglamento por parte de ASOCIVU, ANADIVE y ADECI, pero sorpresivamente, casi un año después, la DGII publicó el Decreto 420-23 que contenía más del 50% de las observaciones realizadas en el proceso de consulta del borrador, incluyendo prohibiciones a ciertas importaciones y excesos de discrecionalidad para la DGII.
Ante esta situación, las asociaciones de importadores de vehículos usados mantuvieron múltiples reuniones con las autoridades correspondientes, incluyendo el director general de la DGII, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el presidente de la República, Luis Abinader, quienes prometieron modificar el contenido del Decreto para proteger los derechos de los importadores de vehículos usados.
ASOCIVU afirma haber agotado todos los mecanismos de diálogo institucionales a todos los niveles del Estado durante meses, por lo que ha decidido recurrir a acciones judiciales para buscar certidumbre, equidad y justicia para el sector. La asociación defiende los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad ante la ley en un Estado Social y Democrático de Derecho como la República Dominicana.
En respuesta a las demandas presentadas por ASOCIVU, se espera que el Poder Judicial tome una decisión sobre la suspensión provisional y la nulidad total del Decreto 420-23. Con estas acciones judiciales, los dealers de vehículos usados buscan obtener la certeza legal y la protección de sus derechos en un contexto donde consideran que el decreto promulgado afecta negativamente al sector. La defensa de los importadores de vehículos usados se basa en la búsqueda de justicia y equidad en un Estado de Derecho como la República Dominicana.
