Alejandro Arcos Catalán, quien recientemente había asumido el cargo de presidente municipal de Chilpancingo, en Guerrero, México, fue asesinado a los seis días de haber tomado posesión. La Fiscalía General del Estado informó que se abrió una investigación por homicidio calificado en su contra. Se encontró decapitado en la capital del estado, con su cabeza hallada en el toldo de un vehículo en el libramiento hacia Tixtla. El secretario general de gobierno, Francisco Tapia, también fue asesinado tres días antes.
Las autoridades investigaron el hallazgo de la cabeza de Arcos Catalán en el vehículo, descubriendo su cuerpo en el interior de la camioneta en el asiento del copiloto. Alejandro Moreno, presidente del PRI al cual pertenecía el alcalde, confirmó el homicidio y solicitó una investigación clara y urgente por parte de la Fiscalía General de la República. Moreno expresó su pesar por la muerte de Arcos y Tapia, destacando su juventud y honestidad en la función pública.
Arcos Catalán había manifestado su compromiso de garantizar la paz y seguridad en Chilpancingo de la mano del Ejército Mexicano al asumir su cargo. La violencia en Guerrero y en la capital ha ido en aumento en los últimos años, con disputas entre grupos del crimen organizado por el control territorial para actividades ilegales como el tráfico de drogas y la extorsión. La situación de ingobernabilidad en el estado ha generado preocupación y se ha solicitado la intervención de la FGR para esclarecer ambos asesinatos.
El asesinato de Arcos Catalán se suma a la ola de violencia que aqueja a la región y que ha cobrado la vida de otras figuras políticas en el pasado. La inseguridad y la impunidad son problemas crónicos en Guerrero que afectan gravemente a la población y dificultan la gobernabilidad. La petición de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes busca esclarecer los sucesos y brindar justicia a las familias de las víctimas.
El homicidio del presidente municipal ha generado conmoción y solidaridad en la sociedad, que se encuentra consternada por la violencia desatada en la región. Las muestras de apoyo y las exigencias de justicia reflejan la preocupación por la situación de inseguridad que vive el estado y la necesidad urgente de encontrar soluciones efectivas para combatir la criminalidad. La labor de las autoridades en esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia será fundamental para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar la paz en la región.
