El Gobierno de Argentina condenó la decisión de la Fiscalía de Venezuela de procesar una orden de captura contra el presidente argentino, Javier Milei, por el incidente del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires en 2022 y enviado a Estados Unidos en febrero pasado. La Cancillería argentina emitió un comunicado en el que repudiaba las órdenes de aprehensión dictadas contra Milei, su hermana Karina y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, enfatizando la independencia del Poder Judicial en Argentina y denunciando la falta de división de poderes en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que se está tramitando la orden de aprehensión contra Milei, Karina y Bullrich por presuntos delitos relacionados con el avión, incluyendo robo, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad y asociación para delinquir. Además, Saab designó a un fiscal especializado en derechos humanos para investigar las acciones de Milei y Bullrich contra el pueblo argentino, alegando que podrían haberse cometido graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La Cancillería argentina ha solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) que emita una orden de detención contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otros líderes del régimen venezolano, ante lo que consideran un empeoramiento de la situación en el país después de las elecciones presidenciales de julio. Saab calificó a Milei de "fascista" y "neonazi", acusándolo de aplicar un programa de violencia institucional contra la población argentina y de ser el "violador de derechos humanos más feroz del continente" y un "peligro brutal para todo el hemisferio".
El caso del avión venezolano-iraní ha generado tensiones entre Argentina y Venezuela, con acusaciones mutuas de violaciones a los derechos humanos y de interferencia en asuntos internos. El Gobierno de Milei ha defendido la actuación del Poder Judicial argentino en este caso y ha sostenido la independencia de los jueces, rechazando las acusaciones de Venezuela. Saab ha afirmado que podría tratarse de un delito de lesa humanidad, mientras que Argentina ha denunciado violaciones a los derechos humanos en Venezuela y ha pedido medidas de la CPI contra Maduro y su gobierno.
La situación entre Argentina y Venezuela se encuentra en un punto crítico, con acusaciones de violaciones a los derechos humanos, interferencias ilegales y tensiones diplomáticas. La posición de la Cancillería argentina es de condena hacia las acciones de la Fiscalía venezolana y de defensa de la independencia judicial en Argentina. Saab, por su parte, ha acusado a Milei de ser responsable de violaciones a los derechos humanos en Argentina y lo ha calificado de peligro para toda la región. La resolución de este conflicto dependerá de futuras acciones legales y diplomáticas entre ambos países.
