La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley general de alquileres y desahucios, que regula las relaciones entre propietarios e inquilinos. El proyecto incluye un capítulo sobre el procedimiento de desalojo por falta de pago, donde el proceso iniciará con una citación del fiscalizador, quien deberá decidir en un plazo de 30 días. La decisión del fiscalizador será irrevocable y se ejecutará de inmediato, a través de un alguacil encargado de llevar a cabo el desalojo o embargo.
El alguacil solicitará al inquilino desalojado una dirección donde depositar sus pertenencias, o en su defecto se almacenarán en un lugar designado. Además, la nueva ley establece que los propietarios deben entregar recibos de pagos de renta, que los gastos legales sean compartidos equitativamente entre propietario e inquilino, y que cualquier ajuste en el precio del alquiler no puede superar el 10%. En cuanto a los depósitos, estos no pueden exceder dos meses del valor del contrato.
Por otro lado, el proyecto de ley prohíbe la discriminación por etnia, raza, credo, condición social, nacionalidad, u otras formas al momento de alquilar una vivienda. Se espera que a partir del 16 de agosto se realicen las modificaciones necesarias para su aprobación final. Con estos cambios, se busca mejorar la regulación del mercado de alquiler de inmuebles, brindando mayor protección tanto a propietarios como a inquilinos en sus relaciones contractuales.
La aprobación de la ley general de alquileres es un paso importante para regular las relaciones entre propietarios e inquilinos, especialmente en casos de desalojo por falta de pago. El procedimiento establecido garantiza un proceso rápido y eficaz, en el cual la decisión del fiscalizador es definitiva y se ejecuta sin posibilidad de recurso. Asimismo, se promueve la transparencia en las transacciones, con la obligación de entregar recibos de pagos y compartir los gastos legales de forma equitativa.
Además, se busca prevenir la discriminación en el acceso a la vivienda, prohibiendo a los propietarios la discriminación por diversos motivos. Con estas medidas, se busca mejorar las condiciones de vida de los inquilinos, garantizando un trato justo y equitativo en el mercado de alquiler de inmuebles. Es importante destacar que la ley también establece límites en los ajustes de precio de alquiler y en los depósitos, para proteger tanto a propietarios como a inquilinos de posibles abusos o excesos.
