Amnistía Internacional expresó su preocupación por la penalización del aborto voluntario en República Dominicana, aprobado en primera lectura por el Senado en junio. Se excluyeron tres causales como la violación, el riesgo para la madre o malformaciones incompatibles con la vida del feto. La organización resalta que el proyecto no respeta la autonomía reproductiva de las mujeres ni garantiza la seguridad del personal de salud que realice abortos, perpetuando así la discriminación y el sufrimiento de las embarazadas.
La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, afirmó que penalizar el aborto condena a las mujeres a la clandestinidad y al sufrimiento innecesario, especialmente aquellas en situación de pobreza. Resaltó que el aborto es un derecho humano y que criminalizarlo solo aumenta la inseguridad para las mujeres, especialmente las que enfrentan desigualdades estructurales. La OMS señala que el aborto inseguro es una de las principales causas de muerte y morbilidad materna en República Dominicana.
En contraste, en países como Argentina, donde el aborto es legal y regulado como un servicio de salud esencial, la mortalidad materna relacionada con abortos se ha reducido en un 53%. Amnistía Internacional insta a los senadores a garantizar que el proyecto del Código Penal respete las obligaciones internacionales del Estado, incluyendo el derecho a la vida y a la salud de mujeres y niñas. Se destaca la importancia de basar la formulación del código en evidencia científica y enfoque de derechos humanos, involucrando a expertos en salud sexual y reproductiva en el debate.
Las críticas a la exclusión de las tres causales del proyecto de Código Penal han surgido desde que el Senado lo aprobó sin seguir el reglamento ni hacer una lectura previa, según denuncias de legisladores. Se considera que el Senado tiene la oportunidad de corregir una injusticia histórica y abordar la despenalización del aborto como una cuestión de salud pública, justicia e igualdad. Amnistía Internacional insta a revisar el proyecto antes de su segunda y última votación, involucrando a organizaciones y expertos en la materia.
En resumen, Amnistía Internacional expresa su preocupación por la penalización del aborto voluntario en República Dominicana y la exclusión de tres causales en el proyecto de Código Penal aprobado en primera lectura por el Senado. La organización destaca que esta medida no respeta la autonomía reproductiva de las mujeres ni garantiza la seguridad del personal de salud que realice abortos, lo que perpetúa la discriminación y el sufrimiento de las embarazadas. Se resalta la importancia de basar la discusión en evidencia científica y derechos humanos, involucrando a expertos en salud sexual y reproductiva en el proceso.
