Amnistía Internacional (AI) enfatizó en su informe anual de 2023, publicado el martes, que la discriminación contra individuos de ascendencia haitiana y dominicanos de ascendencia haitiana persistía en la República Dominicana, junto con el racismo continuo dirigido a la población negra. El informe de AI, titulado 'La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo', destacó que la discriminación era particularmente prevalente entre "mujeres y niñas, individuos LGTBI, y la población migrante, solicitante de asilo, y refugiados".
De particular preocupación fue la situación de mujeres embarazadas o en el posparto que buscaban asistencia médica, quienes a menudo eran etiquetadas como haitianas por las autoridades. Estas mujeres enfrentaban discriminación y, en algunos casos, eran detenidas en hospitales para procedimientos de deportación. Tras la deportación de mujeres embarazadas a Haití, siete mecanismos de derechos humanos de la ONU pidieron en septiembre pasado la separación de los controles de inmigración del acceso a los servicios públicos.
Amnistía Internacional también criticó la 'Privación Arbitraria de la Nacionalidad', que persistió una década después de que una decisión judicial sancionara esta práctica y despojara retroactivamente de su nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana. En 2023, AI señaló que el gobierno no había tomado "medidas suficientes para mitigar y rectificar las violaciones de derechos humanos" causadas por esta decisión. Además, la decisión de 2014 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se estaba cumpliendo, dejando a decenas de miles de personas, predominantemente de ascendencia haitiana, apátridas.
En respuesta, la Comisión Interamericana instó al gobierno dominicano a ayudar a estas personas apátridas a regularizar su estatus. Otra cuestión significativa en la República Dominicana, según Amnistía Internacional, era la violencia de género y sexual, en un país donde el aborto está prohibido en todas las circunstancias. En 2023, la ausencia de reformas al Código Penal para abordar "la tortura, la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género", la falta de clasificación de los feminicidios y los crímenes de odio como delitos específicos, y la ausencia de una edad mínima para el consentimiento sexual, junto con altas tasas de explotación sexual y abuso de menores, eran algunos de los problemas urgentes que requerían atención.
Respecto al uso excesivo de la fuerza, AI informó que no se había registrado progreso en combatir la impunidad en tales situaciones. Por último, AI señaló la confirmación de que la periodista Nuria Piera, conocida por su trabajo de investigación sobre la corrupción, fue objetivo por primera vez en 2020 con un programa espía. Tanto la Fiscalía General de la República como el Ministerio de Interior y Policía negaron su participación en la vigilancia.
