El alcalde de Verón-Punta Cana, Ramón "Manolito" Ramírez, está enfrentando acciones legales por no responder a una solicitud de información sobre su administración, como lo exige la Ley de Libre Acceso a la Información Pública (Ley 200-04). Esta ley establece que los funcionarios que nieguen u obstruyan el acceso a la información pública pueden ser condenados a seis meses a dos años de prisión y descalificados para ocupar cargos públicos durante cinco años.
Una solicitud de documentos fue presentada al Concejo de Verón el 20 de agosto de 2024. El concejo no respondió dentro de los 15 días hábiles requeridos, ni solicitaron una prórroga, como lo permite la ley. El periodista Robert Antonio Guerrero, a través de su abogado Ruddy Severino, ha presentado un recurso de amparo contra Ramírez y el concejo por esta violación. El recurso será escuchado por la Cámara Civil y Comercial de La Altagracia una vez que el juez presidente programe la audiencia.
Guerrero criticó la falta de respuestas oportunas de los funcionarios como un precedente preocupante, enfatizando que la transparencia es crucial para la democracia. La Ley 200-04 garantiza el derecho del público a acceder a información de organismos estatales y funcionarios, con disposiciones específicas para garantizar que este derecho se cumpla, a excepción de preocupaciones como la seguridad nacional o la privacidad.
Ramírez y su consejo podrían enfrentar consecuencias penales por no cumplir con la solicitud de información y obstruir el acceso público a la misma. En casos como este, la ley prevé sanciones que van desde prisión hasta la prohibición de ocupar cargos públicos durante un período determinado. La falta de transparencia de los funcionarios públicos no solo socava la confianza en las instituciones, sino que también dificulta la rendición de cuentas y la supervisión ciudadana.
La audiencia para el recurso de amparo presentado por Guerrero y su abogado está pendiente de programación por el juez presidencial de la Cámara Civil y Comercial de La Altagracia. Una vez que se establezca la fecha de la audiencia, se espera que se resuelva si Ramírez y el consejo de Verón-Punta Cana violaron la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y cuáles serán las consecuencias legales correspondientes.
La importancia de la transparencia en las instituciones públicas y el acceso a la información por parte del público es fundamental para mantener la integridad y la confianza en el sistema democrático. La Ley 200-04 establece claramente los derechos y responsabilidades en cuanto al acceso a la información, y es deber de los funcionarios públicos cumplir con estas disposiciones para garantizar la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la toma de decisiones.
