Ayer en Santo Domingo y en San Francisco de Macorís, dos hombres murieron a manos de la policía en supuestas confrontaciones. En la primera demarcación, Víctor Michel, de 39 años, fue abatido por miembros de la Subdirección Regional Sureste de Investigaciones (Dicrim), quienes lo buscaban por acusaciones de homicidio y otros crímenes múltiples y presuntamente se enfrentó a ellos con un rifle. Un oficial resultó herido en el enfrentamiento. En el segundo caso, un joven identificado como Yassel también fue abatido por un equipo de Dicrim en el sector La Francia de Santo Domingo Este, tras ser perseguido por su participación en crímenes graves y disparar contra los agentes, quienes se vieron obligados a responder a la agresión. El joven murió mientras recibía atención médica.
El informe policial indica que se encontró un arma de fuego calibre 9 mm oxidad que el ahora fallecido habría utilizado durante el enfrentamiento, junto con su cargador y dos cápsulas. Además, se reveló que tenía dos órdenes de arresto pendientes por violaciones al Código Penal. Estos incidentes reflejan un aumento en la violencia y los enfrentamientos con la policía en la República Dominicana, donde las autoridades parecen estar adoptando medidas más agresivas para combatir el crimen y capturar a sospechosos buscados por la ley. La falta de transparencia en la actuación de las fuerzas policiales y las constantes denuncias de abusos de derechos humanos plantean interrogantes sobre la efectividad de estas acciones policiales y la protección de los derechos de los ciudadanos.
El uso de la fuerza letal por parte de la policía plantea preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la integridad de las personas detenidas o perseguidas. Es importante que las autoridades respeten los protocolos internacionales sobre el uso de la fuerza y garanticen que las operaciones policiales se realicen de manera transparente y de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales. Asimismo, es necesario que se investiguen a fondo estos incidentes para determinar si hubo exceso de violencia por parte de los agentes y si se respetaron los protocolos de seguridad y las garantías legales de los sospechosos. La rendición de cuentas y la justicia son fundamentales para prevenir abusos y mantener la confianza de la población en las instituciones de seguridad pública.
La violencia y la criminalidad en la República Dominicana representan un desafío para las autoridades y la sociedad en su conjunto. La falta de oportunidades, la pobreza y la desigualdad social son factores que contribuyen a la delincuencia y la violencia en el país, por lo que es necesario abordar estas causas subyacentes para lograr una reducción sostenible de la criminalidad. La prevención del delito, la promoción de la inclusión social y el fortalecimiento de las instituciones de justicia son elementos clave para abordar estos problemas de manera integral y construir una sociedad más segura y justa para todos los ciudadanos.
Es fundamental que las autoridades dominicanas adopten un enfoque de seguridad ciudadana que promueva el respeto a los derechos humanos, la transparencia en la actuación policial y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder estatal. La participación de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad en general es esencial para monitorear y exigir la actuación responsable de las fuerzas del orden y garantizar que se respeten los derechos y las garantías de todas las personas, incluso de aquellos sospechosos de cometer delitos. La protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del estado de derecho son pilares fundamentales para construir una sociedad democrática y justa en la República Dominicana.
