El coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, Fernando Quiroz, alertó que a un año de la promulgación de la Ley de Atención, Inclusión y Protección para las personas con trastornos del espectro autista (TEA), la misma aún no ha entrado en vigor. Quiroz señaló que el gobierno no ha tomado las medidas necesarias para aplicar la ley, dejando a miles de familias sin el respaldo legal necesario. Esta inacción gubernamental provoca estrés constante en las familias que cuidan a personas con autismo, quienes se ven obligadas a abandonar sus empleos para brindar atención a tiempo completo.
La falta de recursos y la incertidumbre sobre el futuro aumentan la carga emocional sobre los cuidadores, lo que limita las oportunidades laborales y de desarrollo personal de estos. La Ley 34-23, aprobada de urgencia por el Congreso Nacional y remitida a la Presidencia de la República el 1 de junio de 2023, busca proporcionar un marco legal para la atención integral de las personas con autismo. Según Quiroz, el costo de atender integralmente a una persona con autismo puede alcanzar hasta los 200,000 pesos al mes en la República Dominicana, incluyendo terapias, atención médica especializada y educación adaptada.
La inacción estatal no solo afecta a las personas con autismo, sino que también repercute en la calidad de vida de sus cuidadores. La falta de apoyo adecuado y la incertidumbre sobre el acceso a servicios y recursos necesarios aumentan la carga emocional sobre estos cuidadores, quienes se ven en la necesidad de dedicar tiempo completo al cuidado de sus seres queridos con autismo. Esta situación limita las oportunidades laborales y de desarrollo personal de los cuidadores, creando un ciclo de dependencia y vulnerabilidad.
El coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo resalta la importancia de que el gobierno tome medidas urgentes para poner en vigor la Ley de Atención, Inclusión y Protección para las personas con TEA. Esta ley representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas con autismo y en la provisión de servicios y recursos necesarios para su atención integral. La falta de aplicación de esta ley deja desprotegidas a miles de familias que requieren apoyo y respaldo legal para garantizar el bienestar de sus seres queridos con autismo.
En este sentido, es fundamental que las autoridades competentes en la República Dominicana prioricen la implementación y puesta en marcha de esta ley, garantizando su cumplimiento y brindando el apoyo necesario a las familias y personas con autismo. La falta de atención integral y de apoyo por parte del Estado pone en riesgo la calidad de vida de las personas con autismo y de sus familias, generando una situación de vulnerabilidad y desprotección que debe ser abordada de manera urgente y efectiva. Es necesario que se tomen medidas concretas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con autismo y para brindarles el apoyo y la protección que merecen.
