Según la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), los senadores y diputados electos en las elecciones del 19 de mayo deben suspender sus registros como proveedores del Estado si están habilitados para proveer bienes, obras y servicios al gobierno, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 340-06 que prohíbe a los legisladores contratar con el Estado.
Carlos Pimentel, director de la DGCP, explicó que la entidad actúa como órgano rector del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas en República Dominicana, con el objetivo de promover la transparencia, igualdad de oportunidades y prevenir conflictos de interés en la contratación con el Estado.
La DGCP está identificando a los legisladores electos que tengan registro como proveedores del Estado para proceder a la suspensión automática de sus registros una vez asuman sus cargos. Esta medida busca garantizar la imparcialidad y evitar posibles conflictos de interés en la contratación de bienes, obras y servicios con instituciones gubernamentales.
Esta iniciativa es parte de los esfuerzos de la DGCP por garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades en las contrataciones públicas en República Dominicana. La suspensión de los registros como proveedores del Estado para los legisladores electos es una medida preventiva para evitar cualquier tipo de favoritismo o influencia indebida en las decisiones de contratación con el gobierno.
La Ley 340-06 establece normas claras para regular la contratación con el Estado y prevenir prácticas corruptas o favoritismos injustificados en la asignación de contratos públicos. La DGCP se encarga de velar por el cumplimiento de esta ley y de promover la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Los senadores y diputados electos tienen la responsabilidad de acatar estas disposiciones legales y éticas para garantizar la integridad y la transparencia en su gestión como representantes del pueblo dominicano. La suspensión de los registros como proveedores del Estado es una medida necesaria para fortalecer la confianza en las instituciones democráticas y prevenir posibles conflictos de interés en la contratación con el Estado.
