Stephany Rosario, especialista en compras y contrataciones, ha alertado sobre la violación repetida de plazos y derechos de los proveedores por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en la República Dominicana. Destacó que garantizar los derechos de los proveedores es fundamental en la contratación pública, pero este principio se ignora consistentemente debido a la negligencia institucional, especialmente en la resolución de reclamaciones y desafíos. Señaló que la Ley 340-06, Artículo 67, establece un procedimiento claro para manejar reclamaciones y desafíos, pero este marco suele ser ignorado en la práctica.
El problema radica en el uso del silencio administrativo por parte de las instituciones contratantes o la emisión de respuestas tardías y arbitrarias. Esto obliga a los proveedores a presentar apelaciones jerárquicas ante la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, lo que puede llevar a un proceso prolongado e ineficaz. La ley establece un plazo máximo de 15 días calendario para que la Dirección General responda a las apelaciones jerárquicas, pero en realidad, estos plazos suelen ser extendidos, llegando a veces hasta un año.
Las consecuencias de esta falta de responsabilidad son graves y de amplio alcance. Los proveedores se ven privados de su derecho a una resolución pronta y justa de sus reclamaciones, lo que puede tener repercusiones económicas devastadoras. Además, esta falta de diligencia alimenta un clima de desconfianza y descontento entre los proveedores, al tiempo que contribuye a socavar la credibilidad del sistema y fomentar la corrupción. Rosario instó a las autoridades competentes a tomar medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos e implementar medidas eficaces para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de resolución de reclamaciones y desafíos.
Asegurar los derechos de los proveedores en la contratación pública no es una opción, sino un imperativo legal y ético. El manejo irresponsable de los plazos por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas es inaceptable y debe abordarse con la seriedad y urgencia que merece. Es necesario publicar informes periódicos detallando el estado de las apelaciones presentadas y los plazos de respuesta cumplidos por las instituciones involucradas. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para fortalecer el sistema de contratación pública y prevenir la corrupción en la República Dominicana.
