El territorio nacional presenta una profunda incapacidad para controlar la entrada de inmigrantes de forma efectiva, lo que permite que mafias binacionales persistan en traer viajeros ilegalmente. Estas asociaciones criminales no son desarticuladas y cuentan con la colaboración de autoridades corruptas. Esto dificulta los esfuerzos oficiales para prevenir la presencia de una población flotante e ilegal, violando el derecho del Estado a regular la inmigración.
Los efectos colaterales en la economía son preocupantes debido a la falta de selectividad en las operaciones de repatriación. Debería haber un mayor esfuerzo para separar a los inmigrantes que pueden justificar su presencia en el país y ocupar puestos de trabajo no cubiertos por la población local. Es necesario brindar oportunidades de regularización a aquellos inmigrantes que cumplen con ciertos requisitos, para evitar un perjuicio a la población transgresora.
Algunos factores que contribuyen a la inmigración descontrolada incluyen la falta de protección laboral con salarios insuficientes, lo que favorece la contratación de mano de obra extranjera. La ley de oferta y demanda ha llevado a una disminución de los salarios debido al exceso de oferta de trabajadores extranjeros, provenientes de países con escasa protección para sus ciudadanos.
En Estados Unidos, la legislación anual actualiza las leyes de regularización de la inmigración y aplica rigurosos controles sobre los inmigrantes, con la posibilidad de expulsión inmediata para aquellos que violan las normas. Europa también adopta políticas restrictivas contra la inmigración irregular, con devoluciones forzadas a los países de origen y medidas para prevenir la llegada de inmigrantes a sus territorios. Hungría, en particular, ha construido muros y establecido políticas extremas para frenar la inmigración.
España ha implementado barreras físicas para impedir la entrada de inmigrantes desde Marruecos, considerándolos una amenaza para la cultura hispana. La valla de Ceuta y otros muros han sido erigidos para controlar la llegada de personas que intentan cruzar la frontera. A pesar de las críticas, estas medidas buscan proteger la integridad territorial y cultural del país frente a la afluencia de inmigrantes.
A nivel internacional, la ONU insta a respetar los derechos de los migrantes y evitar detenciones arbitrarias, torturas y expulsiones desproporcionadas. Se deben tomar medidas para proteger a los inmigrantes de la explotación laboral, el tráfico de personas y la xenofobia, garantizando el acceso a servicios básicos como la salud y la educación. Es importante encontrar un equilibrio entre regular la inmigración y proteger los derechos humanos de los migrantes.
