La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega presentaron una acusación formal contra miembros de una red criminal liderada por Miguel Arturo López Florencio, conocido como Miky López, y su esposa Rosa Amalia Pilarte López. Los acusados son Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia Cepeda Suárez y la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, quienes aparentaban ser los socios de la empresa que posee veinte inmuebles valuados en RD$183,386,000.
La acusación revela que los acusados no pueden justificar la adquisición de los bienes inmuebles, considerando que Inoa Valdez es chofer y Cepeda Suárez ama de casa. Además, se encontraron movimientos de dinero exorbitantes en la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, ascendiendo a RD$250,712,602.65 entre 2015 y 2019, con entradas totales de RD$434,098,604.65. Se identificaron violaciones a diversas leyes, incluyendo la Ley 155-17 y la Ley 83-02 del Código Monetario y Financiero.
El equipo de fiscales confirmó la individualización de cada acusado, así como la relación entre ellos, basándose en pruebas recabadas durante la investigación. El fiscal investigador estableció que la acusación presenta pruebas contundentes, incluyendo documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, materiales y audiovisuales que vinculan a los acusados con los hechos. Todos los inmuebles identificados en la investigación han sido incautados y se solicita su decomiso para un eventual juicio.
La diputada Rosa Amalia Pilarte López enfrenta un proceso penal ante la Suprema Corte de Justicia por lavado de activos provenientes del narcotráfico, mientras que su esposo, Miky López, lideraba una red criminal de testaferros y prestanombres. La empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, supuestamente propiedad de los acusados, es tenedora de veinte inmuebles, incluyendo la mansión donde reside la familia de Miky López.
El Ministerio Público ha identificado diversas conductas de los acusados que violan la ley, y han presentado pruebas contundentes que los vinculan estrechamente con los hechos investigados. La acusación se basa en la recolección de pruebas de diferentes naturalezas y el fiscal investigador asegura que se realizó una pesquisa apegada a la normativa vigente. Todos los inmuebles identificados durante la investigación han sido incautados y se solicita su decomiso para un posible juicio.
