La mayoría de los sectores y entes productivos coinciden en la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal en República Dominicana en este momento. Sin embargo, discrepan en cuanto al mecanismo propuesto, considerándolo perjudicial para la sociedad y complicado de implementar. Uno de los gremios que se pronunció al respecto fue el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), señalando la importancia de un diálogo amplio y constructivo en torno al proyecto de Ley de Modernización Fiscal presentado por el ministro de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente.
El Conep destacó la necesidad de generar recursos adicionales para que el Estado pueda satisfacer las demandas de la población en cuanto a servicios e infraestructura, pero insistió en la importancia de abrir espacios para el diálogo y el consenso, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora en el proyecto. Asimismo, llamó al Congreso Nacional a continuar con el proceso de diálogo iniciado por el Ministerio de Hacienda, permitiendo a los diversos sectores de la economía expresar sus inquietudes y propuestas.
La Cámara de Diputados remitió el proyecto de reforma fiscal a la Comisión de Hacienda para su análisis, aunque se esperaba que fuera enviado a una comisión bicameral para agilizar el proceso. Economistas como Jaime Aristy Escuder e Isidoro Santana coincidieron en que la propuesta presentada por el Gobierno es considerada, pero creen que podría haber sido más ambiciosa, ya que solo busca recaudar alrededor de 122,000 millones de pesos adicionales, equivalente al 1.5% del PIB. Santana considera que la reforma es necesaria a pesar de su costo político, ya que el país requiere medidas más contundentes.
Aristy Escuder aseguró que la reforma tributaria impactará principalmente a los sectores más pudientes de la sociedad, siendo la primera vez desde la reforma fiscal de 1992 que los segmentos más ricos asumen un impacto significativo. Por su parte, el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, consideró que la Ley de Modernización Fiscal es necesaria para evitar una crisis financiera en el país, a pesar del posible costo político que conlleve su implementación. Un grupo de personas protestó frente al Congreso Nacional en contra del proyecto de ley por considerar que afectará a la clase media.
Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, sugirió que el proyecto de reforma fiscal sea sometido a vistas públicas donde la ciudadanía pueda expresar sus opiniones al respecto. Esto permitiría escuchar las observaciones, recomendaciones y puntos de mejora por parte de la población. Si la reforma es aprobada en la Cámara de Diputados, sería enviada al Senado para su estudio en una comisión, siguiendo los trámites legislativos correspondientes.
