El presidente Luis Abinader estableció las regulaciones para la aplicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública No. 247-12 a través del Decreto No. 353-24, una tarea pendiente desde la promulgación de la ley en 2012. El objetivo de la regulación es garantizar el ejercicio de las funciones administrativas de acuerdo con los principios de legalidad, jerarquía, racionalidad, eficiencia, efectividad, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación. Todas las entidades y organismos del Poder Ejecutivo están sujetos a sus disposiciones, excluyendo aquellas bajo el Poder Legislativo, Poder Judicial y organismos constitucionales extrapoderes.
La regulación sucesivamente regula el funcionamiento de la Presidencia, la Vicepresidencia, el Consejo de Ministros, los ministerios, las organizaciones autónomas y descentralizadas, y las empresas públicas. También incluye disposiciones sobre coordinación administrativa, consejos consultivos y políticas organizativas de la administración pública. Una propuesta inicial de esta regulación fue presentada durante el Llamado Presidencial al Diálogo para las Reformas para el Fortalecimiento Institucional y la Gestión Eficiente del Estado.
Posteriormente, fue refinada por una comisión técnica compuesta por representantes del Ministerio de Administración Pública, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y otras instituciones públicas. Con esta emisión, la actual administración reafirma su compromiso de fortalecer y modernizar la administración pública.
