La propuesta de reforma fiscal impulsada por el gobierno de Luis Abinader ha generado una fuerte tensión social en la República Dominicana. Esta iniciativa ha sido criticada por diversos sectores, quienes consideran que las medidas tributarias afectarían a los sectores más vulnerables si son aprobadas por el Congreso. El rechazo a la propuesta llega apenas dos meses después de que el presidente decidiera someter al Poder Legislativo tres reformas consecutivas: la constitucional, la fiscal y la laboral. Durante las vistas públicas organizadas para recibir opiniones, grupos empresariales, sindicales, sociales, políticos, turísticos y ciudadanos comunes han expresado su desacuerdo con varias disposiciones del proyecto.
Los aspectos más criticados de la reforma son el aumento en el cobro de los marbetes, el incremento del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) y la inclusión de productos alimenticios en el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis), que pasaría a llamarse Impuesto al Valor Agregado (IVA). Estas propuestas han originado protestas y cacerolazos diarios en urbanizaciones de clase media, donde cientos de ciudadanos han expresado su descontento. Las protestas contra la reforma fiscal no se limitan a la capital, sino que se han extendido a ciudades como Santiago, La Vega y San Francisco de Macorís, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia popular contra la medida.
El gobierno de Abinader y muchos de sus ministros y legisladores defienden la reforma fiscal como un paso necesario para estabilizar las finanzas públicas y garantizar el desarrollo sostenible del país. Sin embargo, el rechazo ha sido tan fuerte que los líderes de las protestas han pedido una revisión profunda del proyecto, argumentando que las medidas afectan desproporcionadamente a la población mientras exoneran a grandes empresas y sectores privilegiados. A pesar de las críticas, el gobierno se mantiene firme en su postura con el proyecto, aunque ha abierto la posibilidad de modificar algunos puntos.
El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, ha garantizado que el Poder Ejecutivo está dispuesto a corregir "cualquier error garrafal" en la propuesta. En el Congreso Nacional, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados continúa con el análisis de la reforma fiscal y se ha reunido con diferentes sectores para evaluar si promoverán la aprobación de la medida. Durante una vista pública encabezada por la comisión, alrededor de 115 sectores expresaron su rechazo a la propuesta, y más tarde, otros cinco sectores se sumaron a las reuniones y rechazaron la propuesta tributaria.
Los cacerolazos, que comenzaron como una forma pacífica de protesta, han ido aumentando en frecuencia e intensidad, convirtiéndose en una manifestación de la resistencia popular contra la reforma fiscal. A pesar de la tensión social que ha generado la propuesta de reforma fiscal, el gobierno sigue adelante con su proyecto, aunque ha demostrado disposición a realizar modificaciones. La población dominicana sigue mostrando su descontento y exige una revisión a fondo de las medidas propuestas para garantizar que no afecten desproporcionadamente a los sectores más vulnerables.
