La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha exhortado a los 3,849 funcionarios que fueron electos en cargos en los ayuntamientos en las pasadas elecciones a solicitar la suspensión de su Registro de Proveedores del Estado (RPE) ante esa entidad. Carlos Pimentel, en su condición de rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, ha expresado que es importante contribuir con la transparencia y la igualdad de oportunidades, así como evitar conflictos de interés. Por lo tanto, se identificarán a todas las autoridades electas con Registro de Proveedores del Estado que entren en el régimen de incompatibilidades para proceder a la suspensión de oficio de sus registros cuando asuman sus funciones.
Esta observación se extiende a 158 alcaldes, 1,164 regidores, 235 directores, 735 vocales, 158 vicealcaldes, 1,164 suplentes y 235 subdirectores. La DGCP realizará un cruce de datos a partir de la toma de posesión de las nuevas autoridades el próximo 24 de abril para identificar a todos los funcionarios electos en el ámbito municipal que estén en el régimen de incompatibilidades y proceder con la suspensión de su RPE. El artículo 14 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas establece que las autoridades municipales no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.
Por medio de una nota de prensa, Pimentel también ha exhortado a las nuevas autoridades municipales a gestionar sus procesos de compras a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (Portal Transaccional), plataforma obligatoria para la gestión de los procesos de compras y contrataciones de los organismos sujetos a la Ley 340-06. Esto garantiza el cumplimiento de los principios de participación, transparencia y publicidad. Los gobiernos locales son evaluados a través del SISCOMPRAS, un indicador que mide el cumplimiento de la normativa a través de los registros en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Pimentel reiteró a las autoridades electas la disposición de la DGCP para acompañarles en este proceso, en caso de dudas o consultas en la materia, para que su accionar se realice siempre en el marco de lo establecido por la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación 416-23. La importancia de garantizar la transparencia, la igualdad de oportunidades y evitar conflictos de interés en las contrataciones públicas es fundamental para el buen funcionamiento de los ayuntamientos y la confianza de los ciudadanos en sus autoridades. El seguimiento de las normativas vigentes y el uso de plataformas electrónicas adecuadas son herramientas clave para lograr estos objetivos.