Varios diputados en la Cámara Alta de la República Dominicana han pedido la supresión del llamado "barrilito", un beneficio que reciben exclusivamente los senadores. Este fondo de asistencia social supone un gasto de 252 millones de pesos al año, y el único senador que no lo recibe es Antonio Taveras. La diputada Soraya Suárez del Partido Revolucionario Moderno (PRM) expresó su opinión en contra de este beneficio, señalando que los senadores podrían eliminar todos sus privilegios, incluyendo el barrilito, dado su alto patrimonio económico.
Por otro lado, el diputado Elpidio Infante también propuso la eliminación de ciertos privilegios, como el barrilito, en el Senado, mencionando que Félix Bautista y Alexis Victoria Yeb son los dos senadores más ricos del país. Infante destacó que las exoneraciones de vehículos son consideradas como "derechos adquiridos" que deben ser revisados en todos los sectores e instituciones públicas antes de ser eliminados. José Alberto Jiménez, diputado del partido Fuerza del Pueblo, indicó que la Cámara Baja ya ha comenzado un proceso de austeridad, reduciendo la matrícula de legisladores, y apuntó que ahora es el turno del Senado para reducir sus beneficios.
José Luis Abreu, diputado del PRM, explicó que el barrilito representa un gasto mensual en el presupuesto del Senado y propuso que sean los ayuntamientos, quienes manejan el dinero local a diario, los encargados de este tipo de fondos. Valerio Leonardo, diputado del PRM, mencionó que todos los legisladores buscan seguir una línea de austeridad establecida por el partido, pero que la reducción de beneficios también debería incluir al Senado y a los millonarios fondos del barrilito. En este sentido, propuso que los senadores estén dispuestos a ceder en esta materia.
En cuanto a los proyectos presentados en la Cámara Alta, el congresista Alexis Victoria propuso limitar las exoneraciones de vehículos en el Congreso a una por cada período y con un tope de US$200,000 para el auto importado. Por su parte, el senador Félix Bautista entregó una iniciativa que busca eliminar todas las exoneraciones de vehículos y, en cambio, entregar un auto a cada congresista al inicio de su gestión. Ambos proyectos buscan derogar la ley vigente que permite que cada legislador importe un vehículo cada dos años sin importar su costo, marca o cilindraje, lo que ha generado una pérdida de más de 2,000 millones para el Estado cada cuatro años.
