El Ministerio Público se mostró satisfecho con la medida de coerción impuesta a los policías acusados del robo de más de 900 mil municiones de la institución. El procurador adjunto, Wilson Camacho, expresó que la juez Fátima Veloz valoró adecuadamente el comportamiento de cada uno de los imputados, señalando que habían traicionado el uniforme y la confianza del país al vender municiones a bandas criminales haitianas. Veloz impuso 18 meses de prisión preventiva a siete de los 10 acusados, enviándolos al centro de retención de militares de Operaciones Especiales en Santo Domingo Oeste, mientras que a los otros tres se les impuso garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.
Los siete acusados enviados a prisión por 18 meses incluyen al coronel Narciso Antonio Féliz Romero, intendente de la uniformada; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio; el cabo Juan Luis Díaz Medina, y los rasos Rubiel Martínez (Escobar) y Moreibín Medina. En cuanto a los otros cuatro imputados, al auditor Víctor Manuel Santos se le impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, mientras que al sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat se le exigió el pago de una garantía económica.
Por otro lado, la civil Miguelina Bello Segura recibió arresto domiciliario, y tanto ella como Ángel Rubíer Martínez y Juan Luis Díaz Medina Segura llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público. La acusación señala que los acusados sacaron 908 mil municiones robadas de la Policía y las vendieron principalmente a bandas de delincuentes haitianos. Se menciona que utilizaron mochilas para sacar los proyectiles y evitar las cámaras de seguridad, con el objetivo de no levantar sospechas, según la solicitud de medida de coerción presentada.
Esta medida de coerción es parte de un proceso en curso en el cual se investiga el robo de municiones de la Policía y su venta a bandas criminales. La juez Fátima Veloz determinó que era necesario imponer prisión preventiva a siete de los acusados para garantizar que no interfirieran en la investigación y para proteger la integridad de la misma. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa se encuentra satisfecha con el resultado de esta medida, considerándola un paso importante en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Es importante destacar que la confianza y el prestigio de la Policía Nacional se vieron afectados por las acciones de estos policías acusados de traicionar su deber y vender municiones a bandas criminales. La justicia dominicana continúa trabajando para desmantelar redes de corrupción y criminalidad, asegurando que los responsables sean llevados ante la justicia y enfrenten las consecuencias de sus acciones. La importancia de proteger y fortalecer las instituciones del país se destaca en este caso, enfatizando la necesidad de mantener la integridad y la transparencia en todas las áreas de la sociedad.
