La Junta Central Electoral (JCE) llevó a cabo una investigación contra una red delictiva que tramitaba documentos públicos falsos en la denominada operación Colibrí. Se descubrió que empleados de la Junta Electoral de Santiago y personal externo estaban implicados en la emisión de actas de nacimiento y cédulas de identidad fraudulentas. La Consultoría Jurídica y la Dirección de Seguridad Civil de la JCE lideraron las pesquisas, que resultaron en el aporte de más de 800 pruebas, incluyendo los plásticos utilizados para imprimir los documentos falsos incautados por el Ministerio Público.
El Ministerio Público presentó una acusación contra las 13 personas implicadas ante el juez coordinador de los Juzgados de Instrucción de Santiago. La Procuraduría General de la República informó que la acusación consta de más de 600 páginas que detallan la estructura de la red fraudulenta. Los acusados, conocidos como "buscones" o "tributarios", tramitaban los trabajos captados por quienes ejecutaban la falsificación de documentos del Registro Civil Dominicano. Entre los acusados se encuentran Julio César Almonte Espinal, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos y otros.
Los acusados están siendo señalados por violar varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral. La JCE reiteró su firme compromiso de combatir todas las violaciones al Registro Civil Dominicano y a la identidad de la ciudadanía. La investigación del Ministerio Público reveló que la red delictiva operaba de manera organizada y especializada en la falsificación de documentos oficiales. La Fiscalía de Santiago ha tomado medidas legales contra los presuntos criminales para llevarlos ante la justicia.
La operación Colibrí ha sido un golpe importante contra la corrupción en el proceso de emisión de documentos públicos en la República Dominicana. Las autoridades han logrado desarticular una red que estaba involucrada en la producción y distribución de actas de nacimiento y cédulas de identidad falsas. La participación de empleados de la Junta Electoral de Santiago en esta red ilícita ha puesto en entredicho la integridad de las instituciones encargadas de salvaguardar el registro civil.
La colaboración entre la JCE, la Consultoría Jurídica, la Dirección de Seguridad Civil y el Ministerio Público ha sido fundamental para desmantelar esta red delictiva y llevar a los responsables ante la justicia. La presentación de pruebas contundentes por parte de las autoridades ha permitido el procesamiento legal de los implicados en la operación Colibrí. La transparencia en el proceso de investigación y la voluntad de combatir la corrupción en el ámbito de los documentos públicos demuestran el compromiso de las instituciones dominicanas con la legalidad y la justicia.
