Varias organizaciones gremiales y sociales han expresado su preocupación por la aprobación y modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral (TSE) en la República Dominicana. Esto se traduciría en una transgresión a la Constitución y a la democracia, al otorgarle al TSE la competencia de resolver conflictos internos de los gremios profesionales y otras asociaciones, como anunció recientemente el Senado. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) y la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) han alertado a los diputados sobre estos desfases y han instado a corregirlos en el proyecto aprobado por el Senado.
Según estas organizaciones, la modificación incluye competencias que van en contra de los criterios y pautas constitucionales. En particular, citan el artículo 12 numeral 10, el cual otorga al TSE la facultad de decidir sobre conflictos internos de los colegios gremiales y otras asociaciones durante las elecciones para elegir a sus directivos. Asimismo, expresaron preocupación por los amparos del artículo 32 y su párrafo, considerando que el Poder Legislativo tampoco debería legislar fuera del mandato constitucional.
La Constitución define al TSE como el órgano competente para resolver asuntos contencioso electorales y diferendos internos de partidos políticos. Sin embargo, las entidades de sociedad civil aseguran que el TSE es una justicia política especializada en temas democráticos y electorales, por lo que asumir competencias de gremios y asociaciones sería un despropósito. Además, señalan que esto podría ser un precedente peligroso y antidemocrático, al cooptar el control político sobre los gremios y atentar contra la libertad de asociación.
Estas organizaciones hacen un llamado a todas las asociaciones para unirse en un frente de resistencia y exigir respeto a la Constitución y a las decisiones del Tribunal Constitucional. Destacan que esta modificación representa una violación a la Constitución y a los precedentes del Tribunal Constitucional, como la reciente sentencia que declaró inconstitucionales las competencias conferidas al TSE en leyes electorales. Advierten que esta acción podría traer consecuencias negativas para el estado de derecho y la democracia.
Además, señalan que la ley que impone beneficios extraordinarios a los jueces del TSE, como exoneraciones de vehículos ilimitadas, pasaportes diplomáticos, armas de fuego y seguros de vida y salud, crea desigualdades y privilegios injustificados. Los representantes de las entidades convocantes han manifestado su intención de recurrir a todas las instancias posibles, tanto nacionales como internacionales, para restaurar la legalidad y proteger la independencia de los gremios y asociaciones como entes de derecho privado.
En resumen, las organizaciones gremiales y sociales en la República Dominicana han expresado su preocupación por la modificación a la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral, la cual otorgaría al TSE competencias fuera de su ámbito constitucional y democrático. Alertan sobre los posibles riesgos de esta modificación y hacen un llamado a la sociedad civil para resistir y exigir el respeto a la Constitución y a las decisiones del Tribunal Constitucional. Además, denuncian los beneficios injustificados otorgados a los jueces del TSE y advierten sobre posibles consecuencias negativas para el estado de derecho y la democracia en el país.
