La solicitud de Amnistía Internacional a la República Dominicana para que cese las deportaciones de haitianos fue considerada como "macabra e infundada" por diputados de varios partidos políticos en el país. A pesar de pedir respeto para los haitianos en condición de indocumentados, los legisladores negaron que exista racismo en la nación, y acusaron a la organización de buscar favor con potencias internacionales y deslindarse de sus responsabilidades respecto a la crisis haitiana.
El diputado Mateo Espaillat expresó que Amnistía Internacional estaría buscando congraciarse con las potencias internacionales y desligarse de sus responsabilidades con la crisis haitiana al hacer declaraciones públicas sobre el presunto racismo en el país. Por otro lado, el diputado del partido Dominicanos por el Cambio negó que en la República Dominicana se maltrate a los haitianos, calificando las acusaciones de racismo como "macabras" e "imprudentes".
La diputada Ycelmary Brito, del partido Fuerza del Pueblo, también negó las acusaciones de maltrato y racismo contra los haitianos en la República Dominicana. Afirmó que las autoridades han apoyado a los haitianos en temas de salud y económicos, por lo que considera que poner orden para proteger la soberanía del país no debe ser considerado como racismo, sino como un acto de respeto hacia la integridad nacional.
El diputado Rogelio Alfonso Genao del Partido Reformista Social Cristiano consideró que las acusaciones de maltrato contra los haitianos en la República Dominicana son ajenas a la realidad del país y que no se pueden detener las políticas migratorias por las opiniones de organismos internacionales. Asimismo, criticó las declaraciones de Amnistía Internacional, considerándolas ligeras y carentes de fundamentos suficientes para probar el racismo en el territorio nacional.
En una carta abierta dirigida al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y a instituciones estatales, Amnistía Internacional junto a otras organizaciones denunció que las políticas migratorias de República Dominicana discriminan racialmente a haitianos y dominicanos, generando efectos discriminatorios en la exclusión racializada de personas. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, mencionó que el gobierno dominicano deportó a más de 250,000 haitianos en 2023, incluyendo a personas que necesitan protección internacional.
