La Fundación Primero Justicia presentó un recurso de amparo contra la reciente reforma constitucional proclamada en el Congreso Nacional, solicitando la celebración de un referéndum aprobatorio que valide la reforma, otorgue la facultad de designar ejecutivos municipales y reduzca la cantidad de diputados. El presidente de la fundación, Miguel Surun Hernández, advirtió sobre el impacto negativo de esta reforma en la seguridad jurídica e institucional del país al implementarse fuera del procedimiento establecido en la Constitución. Apuntó que llevarán esta denuncia a foros internacionales para exponer la crisis institucional que afecta al país y que podría impactar la atracción de inversión extranjera.
Surun Hernández llamó a la prudencia para evitar un daño irreparable al futuro institucional del país, recordando que la Constitución solo puede ser modificada siguiendo estrictamente el procedimiento que ella misma establece. Afirmó que la reforma recientemente proclamada carecería de validez al no haber sido aprobada en un referéndum como lo establece la Carta Magna. Señaló que la reforma vulnera derechos fundamentales al imponer limitaciones en la elección de alcaldes y vicealcaldes, y al restringir el derecho de la ciudadanía a aprobar o rechazar modificaciones constitucionales.
El expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana también recordó que la Constitución estipula la celebración de un referéndum en casos específicos. A su juicio, la reforma no fortalece la Constitución, sino que abre la puerta a futuros presidentes con mayoría en el Congreso para modificarla a su antojo. Advierte que suspender los efectos del referéndum aprobatorio a través de una disposición transitoria deja abierta la posibilidad de abusos en futuras modificaciones constitucionales. Considera que esta situación representa un grave atentado contra la institucionalidad y un golpe a los derechos fundamentales y a la soberanía del pueblo dominicano.
Surun Hernández afirmó que llevará esta lucha a instancias nacionales e internacionales, denunciando presiones del gobierno sobre la Junta Central Electoral para influir en su presidente y lograr su apoyo a lo aprobado en la reforma constitucional. Destacó que el respeto a la institucionalidad y a los derechos fundamentales debe ser prioridad en la toma de decisiones que afecten el futuro del país. Advirtió sobre las consecuencias negativas que una modificación constitucional sin respaldo popular podría tener en la administración de justicia y en el estado de derecho, elementos claves para la estabilidad y el desarrollo de la República Dominicana.
