El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, criticó la reforma constitucional propuesta por el presidente Luis Abinader, afirmando que "cercenará" los derechos de las generaciones futuras al imponer cláusulas pétreas que no podrán cambiarse en el futuro. Sánchez considera que esta reforma es ilegítima, ya que no ha contado con consenso y solo refleja el punto de vista del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El legislador lamenta que el gobierno no haya buscado consenso entre los partidos políticos y la sociedad, limitando la consulta popular a las redes sociales y a personas pagadas para expresar opiniones favorables. En su opinión, la falta de consenso hace que la reforma carezca de legitimidad, especialmente al utilizar la mayoría congresual para imponerla a las futuras generaciones, lo que compromete su derecho a decidir sobre su propia Constitución.
Sánchez critica que la reforma constitucional propuesta pretende petrificar las decisiones de las generaciones futuras y satisfacer solo los intereses de un partido político. Se muestra especialmente preocupado por la inclusión de un Ministerio Público independiente, que en la práctica no existe, y por otras medidas como la unificación de elecciones o la reducción del Congreso, que no aportarían nada nuevo a la institucionalidad del país.
El diputado del PLD considera que la independencia del Ministerio Público no es una realidad, ya que el procurador es nombrado por el Poder Ejecutivo, y la propuesta de reforma plantea su nombramiento a través del Consejo Nacional de la magistratura. Sánchez concluye que la reforma constitucional impulsada por Abinader no era necesaria, ya que no aporta ningún derecho nuevo al pueblo y solo busca aprobarse con la mayoría del PRM sin buscar consenso con la sociedad.
En resumen, la postura de Gustavo Sánchez y del PLD es crítica ante la reforma constitucional propuesta por el gobierno de Abinader, argumentando la falta de consenso, la ilegitimidad de imponer cláusulas pétreas y la ausencia de aportes significativos a la institucionalidad del país. También se cuestiona la independencia del Ministerio Público y se pone en duda la urgencia de realizar cambios constitucionales en este momento.
