La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional levantó la prisión domiciliaria a dos acusados del caso Calamar, variando su arresto domiciliario por impedimento de salida y imponiéndoles presentación periódica e impedimento de salida. Los imputados, Julian Omar Fernández Figueroa y Luis Miguel Pichirilo, llevaban 18 meses en prisión por este caso, que según el Ministerio Público, se trata de una estructura montada para desfalcar al Estado dominicano con más de 19 mil millones de pesos durante la gestión del expresidente Danilo Medina. Se realizaron pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, reconocimiento de deudas administrativas y sobornos para la campaña política del 2020.
El entramado de corrupción administrativa del caso Calamar estuvo supuestamente encabezado por Donald Guerrero, exministro de Hacienda, seguido por José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, además de otros 31 imputados y 12 empresas. Todos los imputados han visto variada la prisión preventiva que pesaba en su contra, según el Ministerio Público, que los acusa de cometer una "mega operación" de lavado de activos y corrupción administrativa. Se aprovecharon de sus conocimientos sobre la administración pública para cometer ilícitos penales en beneficio de la organización criminal, falsificando documentos, acorralando a suplidores y falsificando firmas.
Se estableció que se formó una coalición de funcionarios para instaurar un esquema de soborno, distraer sumas millonarias de las arcas del Estado a través de acuerdos de reconocimiento de deuda a contratistas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) por trabajos adicionales. La Corte de Apelación consideró suficiente el tiempo que habían pasado Fernández Figueroa y Pichirilo en prisión preventiva y tomó la medida de levantar la prisión domiciliaria, imponiendo otras medidas cautelares. El Ministerio Público continúa las investigaciones y acusaciones contra los involucrados en este caso de corrupción administrativa que habría desfalcado al Estado dominicano con una cifra millonaria.
La estructura montada en el caso Calamar se habría beneficiado de las expropiaciones irregulares de terrenos declarados de utilidad pública, reconocimiento de deudas administrativas y sobornos para la campaña política del 2020. Las investigaciones del Ministerio Público apuntan a un entramado de corrupción administrativa liderado por altos funcionarios del gobierno anterior, quienes habrían utilizado su conocimiento de la administración pública para cometer ilícitos en beneficio de una organización criminal. Se han variado las medidas cautelares de los acusados, mientras el órgano de persecución continúa con las acusaciones por lavado de activos y corrupción administrativa.
El Ministerio Público ha identificado a los presuntos responsables de la "mega operación" de corrupción administrativa en el caso Calamar, señalando a altos funcionarios del gobierno anterior, entre ellos Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, así como a otros 31 imputados y 12 empresas. Se han tomado medidas cautelares contra todos los imputados, quienes son acusados de haber formado una coalición para instaurar un esquema de soborno y distraer sumas millonarias de las arcas del Estado a través de acuerdos fraudulentos con contratistas. La Corte de Apelación levantó la prisión domiciliaria a dos de los acusados, manteniendo otras medidas cautelares en su contra.
Las acusaciones en el caso Calamar señalan un entramado de corrupción administrativa que habría desfalcado al Estado dominicano con una suma millonaria, mediante pagos irregulares, sobornos y acuerdos fraudulentos con contratistas. El Ministerio Público continúa las investigaciones y acusaciones contra los presuntos responsables de esta operación, apuntando a altos funcionarios del gobierno anterior como líderes de la organización criminal. Se han variado las medidas cautelares de los acusados, mientras se siguen recolectando pruebas y testimonios para esclarecer el alcance de este caso de corrupción administrativa en la República Dominicana.
