El movimiento no partidista Participación Ciudadana ha solicitado explicaciones sobre la continuación de la ejecución del contrato con Transcore Latam para gestionar los semáforos en el Gran Santo Domingo, luego de la suspensión del acuerdo anunciada el año pasado. El grupo busca detalles sobre la ejecución del contrato, los pagos realizados y las razones para mantener el control bajo una empresa cuestionada por el gobierno. La dirección de Compras y Contrataciones suspendió el contrato después de descubrir que Transcore era de reciente creación y su propietario oficial estaba afiliado al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), que organizó el proceso de licitación.
Ciudadanía Participativa, afiliada a Transparencia Internacional en la República Dominicana, criticó las recientes declaraciones del portavoz del gobierno, Homero Figueroa, como insuficientes. Destacaron que la sociedad exige transparencia en el uso de fondos públicos y expresaron frustración por la gestión de contratos significativos. El grupo también solicitó una actualización de la Fiscalía sobre las investigaciones relacionadas con las irregularidades asociadas con el contrato de Transcore, después de un incidente en agosto donde un "apagón" en la red de semáforos fue atribuido a Transcore, lo que llevó al director de Intrant, Milton Morrison, a acusar a la empresa de reemplazos no autorizados de equipos y terminar el contrato.
El contrato con Transcore Latam, valorado en más de 1,300 millones de pesos, fue suspendido desde octubre de 2023, sin embargo, sigue activo y Citizen Participation exige una explicación del gobierno. La organización resaltó que la dirección de Compras y Contrataciones suspendió el contrato tras descubrir que Transcore era una empresa de reciente creación y su propietario estaba afiliado al Intrant, quien organizó el proceso de licitación. La sociedad dominicana demanda transparencia en el uso de fondos públicos y muestra su frustración por la gestión de contratos importantes.
Además, Ciudadanía Participativa instó a la Fiscalía a proporcionar una actualización sobre las investigaciones relacionadas con las irregularidades del contrato con Transcore. Después de un apagón en la red de semáforos en agosto, Intrant acusó a la empresa de reemplazar equipos sin autorización y terminó el contrato. El movimiento también criticó las declaraciones del portavoz del gobierno como insuficientes y destacó la necesidad de una mayor transparencia en la administración de estos contratos significativos. La sociedad exige respuestas y claridad por parte de las autoridades.
La organización afiliada a Transparencia Internacional en la República Dominicana, Citizen Participation, está presionando al gobierno para explicar por qué el contrato con Transcore Latam sigue activo a pesar de ser suspendido desde octubre de 2023. Con un valor de más de 1,300 millones de pesos, el contrato ha levantado sospechas debido a la relación entre el propietario de Transcore y el Intrant, la entidad que organizó el proceso de licitación. La sociedad dominicana espera transparencia en la gestión de fondos públicos y está preocupada por la falta de explicaciones sobre este contrato en particular.
Por último, el grupo de Ciudadanía Participativa ha solicitado una actualización de la Fiscalía sobre las investigaciones en curso relacionadas con las irregularidades en el contrato con Transcore. Tras un incidente en agosto que involucró un apagón en la red de semáforos y acusaciones de reemplazos no autorizados de equipos por parte de la empresa, Intrant decidió terminar el contrato. La sociedad exige que se aclare la situación y que se castigue a aquellos que hayan actuado de manera irregular en la gestión de este contrato importante para la seguridad vial en el Gran Santo Domingo.
