El viernes, Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazaron conjuntamente el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que certificó la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Los gobiernos de estos países dudaron de la veracidad de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral y criticaron la falta de transparencia en el proceso electoral.
Los países firmantes habían manifestado previamente su desconocimiento de los resultados debido a la falta de acceso de los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la negativa a llevar a cabo una auditoría imparcial e independiente. Dicha situación ha sido alertada por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que señaló la falta de independencia e imparcialidad tanto del CNE como del TSJ. Insisten en la necesidad de una auditoría imparcial para garantizar el respeto a la voluntad popular y la democracia en Venezuela.
Además, expresaron su preocupación por las violaciones a los Derechos Humanos contra los ciudadanos que reclaman pacíficamente el respeto al voto de la ciudadanía y el restablecimiento de la democracia en Venezuela. La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, anunció la validación de los resultados electorales del 28 de julio, lo que ha sido cuestionado por la oposición venezolana y diversos países y organizaciones tanto nacionales como internacionales.
La oposición venezolana, representada por la Plataforma Unitaria Democrática, sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó por un amplio margen las elecciones presidenciales y ha publicado el 83,5% de las actas electorales para respaldar su reclamo. Por otro lado, el CNE proclamó a Maduro como ganador sin publicar los resultados desagregados, lo cual ha sido exigido por la comunidad internacional. La falta de transparencia en el proceso electoral sigue generando controversia y críticas a nivel global.
La comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea, ha manifestado su apoyo a una auditoría imparcial e independiente de los resultados electorales en Venezuela para garantizar la legitimidad del proceso y el respeto a la voluntad popular. La situación en el país sudamericano sigue siendo motivo de preocupación y debate en el ámbito internacional, con llamados a respetar los principios democráticos y los Derechos Humanos.
En medio de denuncias de falta de transparencia en las elecciones y violaciones a los Derechos Humanos, la comunidad internacional continúa presionando por una auditoría imparcial en Venezuela para asegurar la legitimidad de los resultados y promover la democracia en el país. La situación política en Venezuela sigue generando tensiones y llamados a respetar la voluntad popular y los principios democráticos, tanto a nivel nacional como internacional. Los países firmantes del comunicado conjunto reiteran su apoyo a una auditoría imparcial y mantienen su posición de desconocimiento de los resultados electorales en Venezuela hasta que se realice dicho proceso.