Las redes de trata de personas que explotan a mujeres con fines sexuales en España están captando cada vez más mujeres de América Latina, en particular de Colombia y Venezuela. Estas redes se aprovechan de la necesidad económica o desesperación de sus víctimas para escapar de la violencia, según datos oficiales y de organizaciones no gubernamentales. Según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado en España (CITCO), se ha observado un aumento en el porcentaje de víctimas latinoamericanas en los últimos años, siendo las más vulnerables las mujeres de entre 28 y 32 años de Colombia, Venezuela y Paraguay.
La Policía y la Guardia Civil españolas rescataron a casi 300 víctimas de estas redes el año pasado, siendo la mayoría de Colombia, seguidas por Venezuela, Paraguay, Brasil, República Dominicana, Uruguay, Cuba, Argentina y Perú. España es considerado el país de referencia para los proyectos migratorios de los países de habla hispana debido a los lazos con América Latina y la presencia de comunidades numerosas de esas nacionalidades en el país. Las condiciones económicas y de seguridad en los países de origen también influyen en que las redes de trata aprovechen la situación de extrema necesidad de las víctimas potenciales.
Las víctimas son engañadas por las redes de trata respecto a la actividad que realizarán en España y las condiciones reales a las que se enfrentarán, así como la supuesta deuda que adquieren al ser traídas al país. Muchas de ellas son reclutadas con la promesa de trabajos como servicio doméstico, pero terminan en burdeles al no poder pagar la deuda. En España, estas víctimas experimentan una especial vulnerabilidad, incluso en el sistema de acogida. Organizaciones como Accem trabajan para ofrecer apoyo a las víctimas, acompañándolas en la denuncia, prestando asistencia jurídica y psicológica, ayudando en la búsqueda de empleo y alojamiento, entre otros aspectos.
A pesar de los riesgos, muchas de las víctimas en España no logran obtener protección internacional, como el asilo, y temen recurrir a las autoridades debido a su situación irregular en el país. Accem destaca la importancia de brindar alternativas a estas mujeres, para que puedan insertarse en la sociedad de acogida y evitar caer nuevamente en manos de las redes de trata. Las víctimas tienen derechos que garantizan su protección y recuperación, incluyendo asistencia jurídica gratuita, acceso al sistema de salud público y permisos de residencia y trabajo excepcionales.
Las fuerzas de seguridad españolas colaboran con organizaciones sociales y organismos internacionales para asistir a las víctimas, así como con las autoridades de los países de origen para proteger también a sus familias. Es fundamental seguir trabajando en la prevención y persecución de la trata de personas, así como en la protección y asistencia a las víctimas para garantizar su recuperación y reinserción en la sociedad.
