La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) aclaró que las empresas que forman parte de esta entidad tienen una licencia de operación emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y son auditadas con la frecuencia establecida para su renovación como requisito de afiliación. En una carta dirigida al director de este medio, la entidad de seguridad también afirma que sus empresas afiliadas cumplen con las regulaciones laborales establecidas por el Ministerio de Trabajo y que los salarios para los empleados formales de seguridad privada se pagan siguiendo los establecidos por el Consejo Nacional de Salarios (CNS).
Según el documento, a partir del 1 de abril de 2023, el salario base era de RD$19,837 y el salario actual, a partir del 1 de febrero de este año, es de RD$20,631, sin incluir horas extras. Adesinc asegura que si se analizan los salarios de 2021 y 2022 hasta la fecha, se puede observar un aumento cercano al 30% en tres años, solo del salario mínimo, ya que el ingreso promedio de un oficial puede llegar a RD$29,000 con horas extras, nocturnas y en días festivos.
La asociación también indicó que los oficiales que trabajan en seguridad privada están regidos por la Resolución 04-93 del Ministerio de Trabajo, sobre trabajadores intermitentes, que establece una jornada laboral regular de 10 horas. Señaló que ha expresado su acuerdo para considerar una reforma laboral, flexibilización y modernización de la jornada laboral en beneficio de los oficiales.
Según el documento, las empresas de seguridad privada son un excelente lugar para la inclusión laboral y financiera de los jóvenes, ya que al obtener su primer empleo se incluyen en el sistema de seguridad social, junto con sus familias, se les abre una cuenta bancaria, y a partir de ese momento comienzan a crear su historial crediticio. En cuanto a las armas, Adesinc sostiene que su manejo está establecido en la Ley 631-16 y que los permisos están regulados por el Ministerio de Interior y Policía.
La carta dice que Adesinc promueve la formación continua de los colegas del sector, asegurando que tengan las habilidades necesarias para desempeñar sus funciones de manera eficiente y profesional. En cuanto a la edad, señala que no hay un límite establecido en ningún sector ya que el derecho al trabajo es un derecho constitucional y que mientras las personas tengan la capacidad para desempeñar el trabajo para el que fueron contratadas, es beneficioso que permanezcan en empleo.
