Reyes señaló que solicitar la detención preventiva por un accidente de tráfico es absurdo, ya que aunque el Ministerio Público puede solicitarlo, ningún juez impondrá dicha medida. Explicó que en este caso se trata de un homicidio imprudente, resaltando que la víctima fue vista en videos saliendo de un vehículo y cruzando la carretera, donde fue golpeado. La principal culpa del acusado fue no detenerse y llamar inmediatamente al 911.
La pena potencial por homicidio imprudente va de 6 meses a tres años. Sin embargo, Reyes señaló que es probable que Mujica Zapata no cumpla condena de cárcel, ya que su sentencia probablemente sería suspendida. El Ministerio Público, representado por las fiscales Minerva Batista y Carmen Espinal Geo, acusó a Mujica Zapata de la muerte involuntaria debido a la conducción imprudente con una licencia extranjera y de evadir responsabilidades después del accidente.
Los delitos caen bajo los artículos 303 (sección 5), 220, 207, 208 y 306 de la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tráfico y Seguridad Vial. El incidente ocurrió el 15 de julio alrededor de las 11:30 p.m. Mujica Zapata presuntamente golpeó a Peralta mientras conducía a alta velocidad cerca de la Dirección General de Pasaportes en el Distrito Nacional. Después del accidente, presuntamente abandonó la escena y proporcionó declaraciones falsas y tardías a las autoridades.
La evidencia del Ministerio Público incluye un informe policial, el certificado de defunción de la víctima, la matrícula del vehículo, testimonios y otros documentos. La medida coercitiva se solicita debido a la falta de la acusada de vínculos con el país y el riesgo de fuga, ya que su pasaporte venezolano expiró en agosto de 2022. Reyes emphasized that requesting preventive detention for a traffic accident is absurd. The Public Ministry may request it, but no judge will impose such a measure.
The case involves reckless homicide, and Reyes highlighted that the victim was seen in videos exiting a vehicle and crossing the road, where he was struck. The accused’s primary fault was not stopping and calling 911 immediately. The potential sentence for reckless homicide ranges from 6 months to three years, but Reyes noted that Mujica Zapata would likely not serve jail time, as her sentence would probably be suspended.
The Public Ministry, represented by prosecutors Minerva Batista and Carmen Espinal Geo, accused Mujica Zapata of involuntary death due to reckless driving with a foreign license and evading responsibility post-accident. The crimes fall under articles 303 (section 5), 220, 207, 208, and 306 of the Mobility, Land Transportation, Traffic, and Road Safety Law. The incident occurred on July 15 at around 11:30 p.m.
Mujica Zapata allegedly hit Peralta while speeding near the General Directorate of Passport in the National District. After the accident, she allegedly abandoned the scene and provided false and delayed statements to authorities. The Public Ministry’s evidence includes a police report, the victim’s death certificate, the vehicle’s license plate, testimonies, and other documents. The coercive measure is requested due to the accused’s lack of ties to the country and flight risk, as her Venezuelan passport expired in August 2022.
