El presidente de la Unión Nacional de Empresarios (UNE) ha señalado que en el sector eléctrico nacional existen intereses invisibles que están obstaculizando la organización de la generación, distribución y cobro de energía. Por lo tanto, considera que es urgente iniciar un proceso de transformación de manera integrada, ya que de lo contrario no se podrán superar las dificultades actuales en el sector. Castellanos Duarte destaca la necesidad de una voluntad fuerte por parte del gobierno para sacar adelante este proceso, eliminando los intereses políticos y otros obstáculos que impiden la organización del sector.
Para lograr este objetivo, propone la elaboración de un plan de inversión inmediato y una programación anual con enfoque en identificar los circuitos con mayores pérdidas. Sugiere reconstruir estos circuitos a través de licitaciones públicas y transparentes, en las cuales participe el sector privado y el sector financiero local, con la garantía de retorno del financiamiento por parte de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE). De esta forma, gradualmente se podría ir reduciendo el subsidio del sector eléctrico a medida que se rehabilite las redes y se mejore la eficiencia de las EDE.
El principal problema se encuentra en las EDE, donde existe un agujero financiero. Para abordar esta situación, se propone revisar los principales puntos que dificultan la operatividad y eficiencia de las EDE, como la estructura de costos de la energía comprada, los altos costos operativos, el cobro de la energía suministrada y la reconstrucción de las redes eléctricas deterioradas. Se sugiere establecer un régimen de consecuencias para quienes se conecten ilegalmente a la red, incluyendo a los técnicos responsables de esa conexión.
Se destaca la importancia de despolitizar el sector eléctrico para poder implementar de forma efectiva las medidas propuestas. A pesar de ello, se reconoce que existen actores políticos en las EDE que son técnicos competentes y que merecen ser evaluados por su experiencia y capacidad. Se prevé que, con la implementación de estas medidas, se logrará una reducción significativa de las pérdidas en el sector en un plazo de 3 a 4 años, lo que permitirá disminuir los costos operativos de las EDE y hacer más eficiente su administración en beneficio de todos los usuarios de energía eléctrica.
