La pareja solicitó una segunda opinión médica y el recluso fue trasladado nuevamente al Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina, donde se le practicaron estudios de laboratorio y se le extrajo una muela por prescripción médica, pero desafortunadamente falleció en la madrugada del 24 de mayo debido a un paro cardiorrespiratorio, según la versión oficial de la institución penitenciaria.
Ante este hecho, la DGSPC ha iniciado una investigación interna para determinar las circunstancias que rodearon la muerte del recluso y aclarar si se siguieron todos los protocolos y procedimientos médicos necesarios en su atención. Por su parte, la pareja del fallecido ha denunciado presuntas negligencias médicas en el caso, lo que ha generado controversia en la opinión pública.
El caso ha generado polémica en la sociedad arubeña y ha puesto en tela de juicio la calidad de la atención médica en los centros penitenciarios del país. Algunas voces críticas han exigido una revisión exhaustiva de los servicios de salud disponibles para los reclusos y un control más estricto sobre la gestión de la DGSPC en materia de atención médica.
Por otro lado, se ha destacado la importancia de respetar los derechos humanos de los presos, incluido el acceso a una atención médica oportuna y de calidad. Se ha instado a las autoridades a garantizar que situaciones como la ocurrida con Jarick Farro no se repitan y a establecer mecanismos de control y supervisión más rigurosos para prevenir posibles negligencias.
En resumen, la muerte del recluso de Aruba en un centro penitenciario de República Dominicana ha generado controversia y ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar los sistemas de atención médica en las prisiones. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y se espera que se tomen las medidas necesarias para evitar situaciones similares en el futuro.
