La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por La Vega, Rosa Amalia Pilarte, ha sido condenada a cinco años de prisión y al decomiso de 14 bienes por lavado de activos. Tiene la posibilidad de apelar la sentencia ante las tres salas de la Suprema Corte de Justicia y luego presentar un recurso de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional si se detectan vicios constitucionales en el fallo.
La Procuraduría General de la República estudiará la decisión de la condena una vez sea notificada, para conocer las razones de los jueces detrás de la pena impuesta. Hasta la fecha, tres diputados han sido condenados por diversos delitos, incluyendo lavado de activos, narcotráfico y violencia de género. Uno de ellos, Sadoky Duarte, fue condenado a tres meses de prisión suspendida y una multa por ultraje y violencia contra la autoridad pública.
Otro diputado, Miguel Gutiérrez, fue condenado en Estados Unidos a 16 años de prisión por conspirar para distribuir sustancias controladas. Se le acusó de lavar dinero proveniente del narcotráfico en un periodo que abarca desde 2014 hasta aproximadamente 2020 en varias ubicaciones, incluyendo República Dominicana y Miami Dade. Estos casos muestran la gravedad de la problemática del lavado de activos entre los políticos dominicanos.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia sentenció a la diputada Rosa Amalia Pilarte a cinco años de prisión por lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano. Deberá cumplir su condena en un centro de corrección y rehabilitación para mujeres en Santiago, además de pagar 200 salarios mínimos y las costas judiciales. La lectura íntegra de la sentencia ha sido programada para el 19 de junio del próximo mes.
Pilarte fue juzgada debido a su inmunidad como parlamentaria, la cual terminará en agosto al finalizar su periodo como congresista. A pesar de la condena, la diputada aún tiene la posibilidad de apelar la sentencia frente a las instancias correspondientes y buscar una revisión constitucional si existen vicios constitucionales en el proceso judicial. La decisión de las autoridades dominicanas refleja la lucha contra la corrupción y el lavado de activos en el país.
