La demanda presentada por la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (ASOCIVU) para suspender el decreto número 420-23 fue aplazada por la jueza suplente del Tribunal Superior Administrativo (TSA) para el día 24 de mayo, con el fin de permitir que las partes puedan familiarizarse con el proceso. En la audiencia estuvieron presentes representantes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Presidencia de la República y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, así como la Procuraduría General de la República en representación del Estado.
ASOCIVU afirma haber agotado todos los mecanismos de diálogo institucionales a nivel estatal durante meses y espera que mediante acciones judiciales, los dealers obtengan certidumbre, equidad y justicia para el sector. La asociación está clamando ante el Poder Judicial por principios como la seguridad jurídica, la confianza legítima y la igualdad ante la ley en un Estado Social y Democrático de Derecho como lo es la República Dominicana.
La demanda de ASOCIVU include la solicitud de Adopción de Medida Cautelar y un Recurso Contencioso Administrativo dirigido contra la Administración Pública que dictó el decreto número 420-23, así como contra la DGII, que administra el Registro Nacional de Vehículos de Motor y tiene la competencia para expedir licencias de concesionarios, distribuidores y vendedores de vehículos de motor y remolques. La entidad señala que el conflicto se originó a raíz de las observaciones técnicas y jurídicas realizadas por las asociaciones de importadores de vehículos usados contra el borrador del reglamento, las cuales no fueron tenidas en cuenta por la DGII al emitir el decreto 420-23.
Según ASOCIVU, la DGII recibió decenas de observaciones y comentarios contra el borrador del reglamento, prometiendo estudiar todo y volver a convocar a los importadores antes de dictar el decreto, tal como establece el procedimiento administrativo. Sin embargo, cerca de un año después, la DGII publicó el decreto 420-23, que contenía más del 50% de las observaciones hechas en el proceso de consulta y establecía prohibiciones a las importaciones de vehículos japoneses, coreanos y rebuilt de EEUU, así como excesos de discrecionalidad para la DGII en la emisión de nuevos requisitos al sector, no previstos en la Ley 63-17 que regula el sector ni en el mismo Decreto 420-23.
En última instancia, ASOCIVU está buscando a través de acciones judiciales ante el Tribunal Superior Administrativo la suspensión provisional del decreto 420-23, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones para los importadores de vehículos usados en la República Dominicana. La asociación espera que el Poder Judicial ejerza su función de velar por el respeto a los principios de un Estado Social y Democrático de Derecho y garantice un proceso justo y equitativo para el sector de los dealers de vehículos usados en el país.
