La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la suspensión de los Registros de Proveedores del Estado (RPE) de 211 autoridades municipales electas para el período 2024-2028. Esta medida se basa en el artículo 14 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, que establece que estos funcionarios no pueden contratar con el Estado hasta seis meses después de dejar el cargo, con el objetivo de evitar posibles conflictos de interés y promover la transparencia en las adquisiciones gubernamentales.
El director de la DGCP, Carlos Pimentel, aclaró que esta suspensión no constituye una sanción, sino una medida preventiva. También anticipó que se tomará la misma acción con las autoridades electas en las próximas elecciones presidenciales y congresuales, una vez asuman el cargo el 16 de agosto. Pimentel instó a las nuevas autoridades municipales a utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas para gestionar sus procesos de compras, una plataforma obligatoria para garantizar la transparencia y participación en los procesos de contratación.
La normativa de la Ley de Contrataciones Públicas también aplica a autoridades presidenciales y congresuales, con el objetivo de evitar posibles conflictos de interés y asegurar la transparencia en las adquisiciones gubernamentales. La DGCP envió el acto administrativo de suspensión de los Registros de Proveedores del Estado a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas para los fines correspondientes, asegurando el cumplimiento de la normativa en materia de contrataciones públicas.
El uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (Portal Transaccional) es obligatorio para las autoridades municipales y otras instituciones sujetas a la Ley 340-06, con el fin de garantizar la transparencia y publicidad en los procesos de compras y contrataciones. Esta plataforma facilita la gestión de los procesos de contratación y promueve la participación de los proveedores del Estado, asegurando que se cumplan los principios fundamentales de las contrataciones públicas.
La suspensión de los Registros de Proveedores del Estado de 211 autoridades municipales electas para el período 2024-2028 forma parte de una serie de medidas preventivas para evitar conflictos de interés en las adquisiciones gubernamentales. La DGCP busca promover la transparencia y la participación en los procesos de contratación, asegurando que se cumplan los principios establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas y garantizando un uso adecuado de los recursos del Estado.
En resumen, la suspensión de los Registros de Proveedores del Estado de algunas autoridades municipales electas responde a la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas, que prohíbe a estos funcionarios contratar con el Estado hasta seis meses después de dejar el cargo. Esta medida busca prevenir conflictos de interés y garantizar la transparencia en las adquisiciones gubernamentales, promoviendo el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas para asegurar la participación y el cumplimiento de los principios establecidos en la normativa.
