Las autoridades federales en Puerto Rico llevaron a cabo un operativo en el que se emitieron 32 órdenes de arresto contra individuos acusados de defraudar cerca de un millón de dólares al Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA). Los acusados participaron en un esquema para defraudar al Departamento de Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico por un total de 981.071 dólares, presentando solicitudes fraudulentas para obtener beneficios de seguro por desempleo que contenían fondos de PUA. Enfrentan cargos por robo de propiedad de beneficios del PUA, fraude postal y uso indebido de números de seguro social, al obtener fraudulentamente múltiples cheques de desempleo mediante el uso de números de seguro social falsos.
El fiscal federal para Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, afirmó que seguirán responsabilizando a quienes buscan explotar la pandemia para beneficio personal, protegiendo a las poblaciones vulnerables y salvaguardando la integridad de los programas financiados por los contribuyentes. Por su parte, el agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en San Juan, Joseph González, expresó su preocupación por esta violación reiterada. Señaló que algunas personas continúan aprovechándose de la crisis mundial para obtener beneficios personales al no seguir la ley, asegurando que este comportamiento no será tolerado en ningún momento. Si son condenados, los acusados ??se enfrentan a sentencias de hasta 20 años de prisión por fraude postal, hasta 10 años por robo de dinero del Gobierno, y hasta 5 años por uso indebido de un número de seguro social.
La ayuda económica del PUA se implementó como una medida para ayudar a los trabajadores que perdieron su empleo debido a la pandemia en 2020 y no calificaban bajo otros programas. Sin embargo, con la mejora de la situación sanitaria meses después, el Gobierno de Estados Unidos decidió poner fin a las ayudas en la isla para que la fuerza laboral comenzara a estabilizarse. Según indicó en aquel entonces el secretario del DTRH, Carlos Rivera, unas 73.000 personas recibían el PUA, a lo que hay que sumar otras 57.000 que participaban de otros programas de desempleo. Este programa de asistencia fue esencial para muchos trabajadores afectados por la pandemia, pero ahora se ha detectado el uso fraudulento que ciertas personas han hecho de él, lo que ha llevado a las autoridades a llevar a cabo este operativo de arresto.
Es fundamental proteger la integridad de los programas diseñados para ayudar a quienes más lo necesitan durante una crisis como la pandemia, por lo que las autoridades están tomando medidas enérgicas contra aquellos que intentan defraudar a estos programas. La cooperación entre diferentes agencias, como el FBI y la Fiscalía federal, ha permitido identificar y procesar a los acusados ??de fraude en el PUA. La gravedad de estos delitos queda patente en las posibles sentencias que enfrentan los acusados, lo que sirve como advertencia clara de que este tipo de comportamiento no será tolerado. La ayuda económica del PUA fue una medida vital para muchos trabajadores afectados por la pandemia, y es necesario garantizar que llegue a quienes realmente la necesitan de manera legal y justa.
El uso indebido de programas de asistencia durante una crisis como la pandemia afecta a la integridad de los mismos y perjudica a quienes dependen de ellos para sobrellevar situaciones difíciles. Las autoridades en Puerto Rico están comprometidas a proteger estos programas y a perseguir a quienes intentan defraudarlos. El cierre de la ayuda económica del PUA en la isla fue una decisión tomada para fomentar la estabilización de la fuerza laboral, pero es importante que se haga de manera justa y transparente, evitando el uso fraudulento que algunos individuos intentan llevar a cabo. La detección y persecución de estos casos de fraude son fundamentales para garantizar la integridad de los programas de asistencia y para proteger a las poblaciones vulnerables que los necesitan con urgencia durante una crisis como la pandemia de la covid-19.
