La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la suspensión de los registros de proveedores del Estado de dos senadores y 20 diputados recientemente electos para el período 2024-2028. Entre los legisladores afectados se encuentran diputadas como Kinsberly Taveras y Fanny Selinés Méndez Simonó, así como los senadores de San Juan e Independencia, Andrés Guillermo Lama Pérez y Dagoberto Rodríguez. La suspensión se realizó debido a que estos congresistas se encuentran dentro del régimen de inhabilidades dispuesto en la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, que prohíbe a los miembros del Poder Legislativo contratar con el Estado hasta seis meses después de dejar su cargo.
En el caso de Kinsberly Taveras Duarte, se canceló el registro de una empresa en la que tiene participación societaria. Esta empresa también fue suspendida en 2020 cuando Taveras era ministra de la Juventud, pero se restableció seis meses después de dejar el cargo. A Fanny Selinés Méndez se le suspendió el registro de tres empresas en las que tiene participación. El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que esta medida busca prevenir conflictos de interés y garantizar la transparencia en el sistema de compras del Estado.
La suspensión de los registros de proveedores del Estado se aplicó a 22 funcionarios electos que presentan una participación societaria superior al diez por ciento del capital social en empresas relacionadas. Esta medida se basa en la ley que prohíbe a los miembros del Poder Legislativo contratar con el Estado durante un período determinado después de dejar su cargo. Carlos Pimentel señaló que se realizó un cruce de información para identificar a los funcionarios electos y sus sociedades comerciales relacionadas, y que el acto administrativo con dicha decisión fue enviado a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas.
El director general de Contrataciones Públicas enfatizó que la suspensión de los registros de proveedores del Estado no constituye una sanción, sino una medida preventiva para evitar posibles conflictos de interés. Esta decisión busca garantizar la transparencia en el sistema de compras del Estado y evitar que los funcionarios electos se beneficien de contratos con el Estado mientras ejercen sus funciones legislativas. La DGCP ha tomado esta medida en cumplimiento de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas y en aras de promover la integridad y la ética en las contrataciones públicas.
La suspensión de los registros de proveedores del Estado ha generado controversia entre algunos legisladores afectados, quienes han expresado su desacuerdo con esta medida. Sin embargo, la DGCP ha reiterado que esta decisión se basa en la legislación vigente y busca garantizar la transparencia y la legalidad en las contrataciones públicas. Se espera que los funcionarios electos afectados por esta medida cumplan con las disposiciones legales y éticas correspondientes, y que se eviten posibles conflictos de interés en sus relaciones comerciales con el Estado. La DGCP continuará supervisando el cumplimiento de estas normas y tomando medidas para prevenir irregularidades en las contrataciones públicas.
